Bettiol: “El gran problema del Sistema hoy es la litigiosidad. Bajan los
fallecimientos y los accidentes y mejoran los beneficios, y sin embargo
arrecia una litigiosidad que es evidentemente exógena al funcionamiento del
sistema. Este año estamos previendo 124 mil nuevos juicios, lo que genera un
nivel extraordinario de incertidumbre. Lo único que necesitamos es que
cumpla con lo que indica la ley 27.348 que está en vigencia hace 7 años: la
constitución de los cuerpos médicos forenses y trabajar con médicos
especialistas que sean elegidos por concurso, que utilicen en baremo y el
listado de enfermedades profesionales, y cuyos honorarios no estén atados al
resultado del juicio, sino que cobren por acto médico o sueldo”.
Capusselli: Se refirió al desafío que plantean hoy los sistemas jubilatorios
en su gran mayoría desfinanciados y el aporte que los seguros de personas
pueden realizar para que se transite una vejez digna. Toman relevancia
porque son instrumentos que facilitan el ahorro a largo plazo. Y, así, se
transforma en lo que llamamos Tercer Pilar Voluntario, complementario de la
jubilación. Hoy tenemos más de 6 millones de jubilados (de los cuales solo
el 37% fue aportante); ellos y los que vienen van a necesitar este ahorro de
largo plazo. También, hizo foco en el nuevo Sistema de Cese Laboral. “Este
sistema presenta tres modalidades: sistema de cancelación individual (es el
empleador quien paga al empleado el monto acordado); sistema de fondo de
cese individual o colectivo (está basado en un sistema de ahorro previo,
ahorro administrado por bancos, Fondos Comunes de Inversiones y Fideicomisos
Financieros); y el sistema de Seguro Individual o Colectivo, que es el que
nos compete y que, mediante la contratación de una cobertura, le permite al
empleador dar cumplimiento al Sistema de Cese Laboral. Este seguro puede ser
de protección, indemnizatorio, y también puede ser un seguro que administre
ahorro”.
Trías: Entre las dificultades que enfrentan los ramos Patrimoniales, Trías
destacó los procesos judiciales extensos y con tasas de ajuste superiores al
desarrollo de las inversiones (lo que resulta en un mercado
descapitalizado), la carga impositiva desmedida y el fraude. Sobre la
primera, profundizó: “Una tercera parte de lo que paga un asegurado cuando
contrata un seguro son impuestos (tasa bomberil, un aporte a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, Sellados, IIBB, IVA, etc.). En algunas
provincias, entre sellados provinciales e IIBB, ese porcentaje llega al
50%… y el asegurado no lo sabe. Entendemos que el país está complicado en
términos de recaudación y fiscales, pero estos temas son fundamentales para
seguir desarrollando la industria”.
Guaita: “Tenemos 13 billones de pesos administrados y hoy el menú de
opciones donde invertir estos fondos es relativamente chico: el 45% está en
Títulos Públicos y otro 30% se lo llevan los FCI que también tienen títulos
públicos. Entre los desafíos enumero: búsqueda de rentabilidad, volver a
tasas de interés positivas de entre 3 y 5%, tener liquidez, garantizar la
debida protección de los fondos, hedge de activos y pasivos en plazo y
moneda, la normativa en materia de inversiones es un reto porque los
rendimientos de los instrumentos disponibles son inferiores a la inflación,
además de que tenemos restringida la opción de inversión en el extranjero”.
Felizia: Se refirió a la litigiosidad. “Sobre el Poder judicial, a mediano
plazo soy razonablemente optimista sobre dos temas: la duración de los
procesos judiciales y los ajustes y cálculos. Sobre el primer tema, creo que
el avance tecnológico será positivo para reducir tiempos. Sobre el segundo
tema, la SSN viene trabajando con el BCRA y además tenemos el apoyo de la
CSJN, lo que amortigua el efecto de las tasas de actualización. Pero
arrastramos una inflación altísima y este problema va a seguir unos cuantos
años. Sin embargo, creo que el tema de fondo es el análisis que el Poder
Judicial hace de la legislación que regula nuestra actividad y de los
contratos. Eso es grave: cómo interpretan y, en consecuencia, resuelven
cuestiones vinculadas con el seguro. La CSJN nos apoya, pero no está
pudiendo llevar su propia doctrina a los tribunales inferiores de nuestra
república. Es una anomalía que no sé cómo se solucionará. Es necesario que
haya educación, trabajo en conjunto y diálogo entre los Poderes del Estado”.
Al finalizar, las autoridades dieron un mensaje claro a la comunidad: “Todos
sabemos que los últimos años han sido muy difíciles para nuestra actividad.
El sector se vio golpeado con resultados negativos y con pérdida de
solvencia. Sin embargo, estamos convencidos y confiados, y miramos con
optimismo el futuro de nuestro de país. Sabemos que la actividad aseguradora
es una de los principales pilares para el desarrollo, la protección y el
bienestar de la Argentina. No nos caben dudas de que tenemos mucho para
seguir brindando y que podemos sostener todos los proyectos de desarrollo,
bienestar y protección para todos los habitantes de nuestra nación
fortaleciendo el tejido social y económico del país. Estamos aquí para
reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Argentina mejor para
todos. Para lograrlo seguiremos trabajando, unidos y con determinación”.
Fue parte de este encuentro Alejandro Simón, Presidente de CIDeS, Centro de
Investigaciones para el Desarrollo del Seguro, quien señaló algunos puntos
transcendentes para la agenda aseguradora. “Hay que hacer más simple la
regulación y penalizar con mayor dureza a quienes no cumplen; es clave
lograr una competencia más justa que enriquezca al sector; tenemos una Mesa
de Trabajando para abordar la carga impositiva porque se puede hacer mucho
sin afectar las arcas del Estado Nacional; debemos favorecer la generación
de nuevos productos y servicios mejorando la eficiencia y la propuesta de
valor al asegurado; sobre litigiosidad estamos escribiendo proyectos con las
cámaras y con los legisladores para avanzar en modificar el beneficio de
litigar sin gastos, modificar la Ley 27.423 de regulación de honorarios a
peritos y la Ley 20.091 para evitar los embargos preventivos extorsivos que
nos afectan cotidianamente”.
Ricardo Arriazu, hizo un análisis económico y trazó perspectivas. “Para que
crezca el sector, tiene que crecer la economía, remarcando que debe crecer
el empleo, tiene que haber estabilidad de precios, debe darse un aumento del
parque automotor, dar solución a los problemas de vivienda y, además, tener
en cuenta la evolución demográfica (envejecimiento).
Enfatizó que para ello el Gobierno no debe gastar ni emitir demás. “Todo
programa económico tiene dos partes: un programa de corto y otro de mediano
plazo. En el corto plazo se buscó bajar la inflación, realinear precios
relativos y solucionar los problemas del sector externo. En el mediano,
deben venir las reformas estructurales. El programa económico de corto plazo
del Gobierno viene mejor de lo esperado. La clave es que haya confianza y
que no se emita”.
El economista compartió sus proyecciones. Según sus cálculos, sobre el
supuesto de que a partir de febrero de 2025 comienza a bajar la tasa de
devaluación, la inflación para 2025 estará en torno al 20%. “Nuestra
proyección de crecimiento para el año que viene da exactamente el mismo
número que está previsto en el presupuesto: 5,2%”. Cerró diciendo: “Ustedes
dependen de lo que le pase a la macro y la macro se beneficia de lo que les
pase a ustedes”.
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